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Justicia federal abrió investigación criminal contra McKinsey, la empresa consultora de la Junta Fiscal

Según The Wall Street Journal, la pesquisa está relacionada con el asesoramiento de la compañía a productores de opioides

24 de abril de 2024 - 6:19 PM

En el caso de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene hasta el 9 de julio para determinar si presenta un recurso de certiorari. (AP / Patrick Semansky)
The Wall Street Journal ha informado que la empresa McKinsey es objeto de una investigación criminal.

Orlando, Florida. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en marcha una investigación criminal en torno al rol de la empresa McKinsey –principal consultor de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico- en el mercadeo de opioides producidos por clientes de la industria farmacéutica, informó el periódico The Wall Street Journal.

Entre otras cosas, la investigación busca determinar si la compañía o alguno de sus empleados ha obstruido la pesquisa sobre los servicios de consultoría que ofreció a productores de opioides, por los que ha sido ya sancionada en cerca de $1,000 millones.

Según el influyente periódico estadounidense, ya se ha formado un gran jurado en Virginia, como parte de investigaciones que llevan a cabo las oficinas de la fiscalía federal en el distrito occidental de ese estado y en Massachusetts.

En 2021, McKinsey acordó pagar $642 millones a 50 estados, Washington D.C., Puerto Rico y los demás territorios por haber ayudado, como consultor, a acelerar la venta de opioides. Dos años después, pactó desembolsar $347 millones a tribus nativas, distritos escolares públicos, empresas de seguros y gobiernos municipales.

En ambos casos, no admitió haber cometido irregularidades. De acuerdo con The Wall Street Journal, McKinsey evitó hacer comentarios en torno a la investigación federal.

La firma asesoró a farmacéuticas como Purdue (fabricante de OxyContin), Endo International y Mallinckrodt.

Purdue, Endo y Mallinckrodt se acogieron al capítulo 11 de la Ley de Quiebras, en momentos en que se enfrentaban a demandas judiciales por vender sus medicamentos a través de prácticas engañosas de mercadeo que tuvieron como consecuencia alimentar la adicción a los opioides.

Por ejemplo, McKinsey ayudó, en 2013, a Purdue a desarrollar una iniciativa de mercadeo –con 20 recomendaciones- para incrementar en más de $100 millones la venta de OxyContin.

Incluso, a la empresa se le señaló por haber impulsado que el equipo de ventas de Purdue hiciera más llamadas telefónicas a proveedores médicos que recetaban grandes volúmenes de medicamentos.

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