El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) no descarta acudir al Primer Circuito de Apelaciones si la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain da paso a un Plan de Ajuste en la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) que ponga en riesgo la política pública que aboga por la generación distribuida y la transición de Puerto Rico a energía renovable.

También considerará acudir al foro intermedio federal si el PDA-AEE, pone en riesgo el interés público en la forma de una tarifa eléctrica onerosa que impida el financiamiento de proyectos de energía renovable privados o públicos; restrinja la capacidad de hacer mejoras al sistema eléctrico o encarezca la vida de las familias y el costo de hacer negocios en Puerto Rico.

A juicio de Fernando Agrait, abogado del ICSE, los efectos adversos de la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) quedaron a la luz durante las vistas de confirmación del PDA-AEE hace poco más de un mes.

Estos van desde imponer un cargo legado en la factura de electricidad que miles de hogares no podrán costear hasta la falta de recursos para responder a una emergencia o para lograr las mejoras que una infraestructura eléctrica necesita.

Y si ese es el caso, según Josen Rossi, cofundador de la organización que aboga por el acceso ciudadano y empresarial a energía limpia y asequible, Puerto Rico necesita prepararse para una economía que podría quedar atada a las consecuencias del PDA-AEE por los siguientes 35 años.

“Nuestra participación en los procesos de la corte que dirige la jueza Swain ha comprobado que no importa el ajuste, no tendremos un sistema (eléctrico) que sea financieramente viable para la AEE”, dijo Rossi.

“Lo que me preocupa y lo que me parece no se ha entendido es que el planteamiento de que la AEE puede entrar en una ‘espiral de muerte’ es muy real”, dijo Agrait, haciendo referencia al término que se utiliza para describir a las compañías eléctricas que colapsan.

En esencia, las empresas eléctricas fracasan a medida que el precio de sus servicios o la calidad de estos provoca la estampida de sus clientes.

Y en Puerto Rico, hay datos que apuntan a que cada mes, al menos 3,000 hogares han puesto a la AEE en un segundo plano para tener la paz que representa tener un servicio eléctrico confiable.

El ICSE, al igual que Puerto Rico y buena parte de la comunidad inversionista en bonos de recaudos especiales municipales en Estados Unidos, está a la espera de dos veredictos judiciales relacionados a la AEE.

El primero está, precisamente, en Boston. Allí, los bonistas opositores de la AEE han reclamado que, contrario a lo establecido por Swain el año pasado, el gravamen que estos poseen contra la corporación pública va más allá del “sinking fund”.

Es decir, que su acreencia está garantizada con otros activos de la AEE y no únicamente al dinero en la cuenta donde la corporación pública deposita el pago de su deuda pública, como determinó la jueza que ha presidido el proceso de bancarrota de Puerto Rico por espacio de siete años.

Lo que suceda en Boston repercutirá en la decisión que tome Swain. La semana pasada, la jueza habría tenido acceso a las transcripciones plenas de las vistas de confirmación del PDA-AEE celebradas entre el 4 y 18 de marzo pasado.

Si bien el PDA-AEE propone un recorte aproximadamente 75% para los bonistas y otros acreedores que habría sido impensable antes de que la JSF –a instancias del gobierno- cuestionara con éxito los derechos de estos, la quita no es tan beneficiosa como se cree, según el economista Ramón Cao.

“En Puerto Rico, estamos en un proceso de contracción económica desde el 2007. En estos dos años y medio, ha habido una inyección enorme (de capital) fuera de toda la historia previa, pero básicamente se debe a desgracias naturales”, dijo Cao al señalar que esa bonanza económica coyuntural ha sido interpretada erróneamente por los bonistas opositores al PDA-AEE.

“Nosotros no hemos hecho nada para atender los problemas de la contracción estructural que tenemos”, prosiguió el economista, perito del ICSE en las vistas de confirmación del PDA-AEE.

Según Cao, el cargo legado para pagar a los bonistas y que es la piedra angular del PDA-AEE se aprobaría en momentos en que todos los mercados en Puerto Rico están “increíblemente desestabilizados”, sea el mercado laboral –con una tasa de participación de 48%- o el mercado financiero, que ahora solo cuenta con tres bancos comerciales como fuente principal de capital para negocios y hogares.

Pero sobre todo, explicó el economista, al cargo legado habrá que sumar el cargo para pagar las pensiones de la AEE y aquellos que serían necesarios a lo largo del tiempo para las mejoras capitales que requiere toda infraestructura eléctrica.

A preguntas de Negocios, el ICSE -al igual que otros actores en el proceso de quiebra de la AEE- da por sentado que Swain confirmará la modificación de deudas en la mesa. En especial, si el Primer Circuito coincide con ella en que los bonistas de la AEE no tienen los derechos que alegan.

Las circunstancias, según Rossi, requieren movidas concretas desde el gobierno y el sector privado para lo que será una factura eléctrica que afectará a negocios y hogares.

“Es necesario pensar en el futuro, porque la jueza Swain y la (JSF) no nos van a resolver esto”, agregó el también presidente del Grupo Aireko.

De acuerdo con el empresario, aparte de que una empresa o comercio pasará el impacto del cargo legado a los consumidores, el problema de fondo con el PDA-AEE es que hará muy difícil consolidar el plan de transición de Puerto Rico a energías limpias y también limitará la capacidad de inversión de empresas de todo tipo.

Según Rossi, uno de los mandatos en la Ley 17 (que establece la política pública energética) es traer inversión privada al sector eléctrico.

“El Plan Integrado de Recursos (PIR) depende de que entre inversión privada”, explicó Rossi en referencia al documento maestro que la AEE utiliza para identificar los proyectos capitales que asegurarían el suministro eléctrico.

Si el PDA-AEE y el cargo legado se implementan como están propuestos, el costo de proyectos renovables grandes o pequeños podría hasta duplicarse en Puerto Rico, dijo Rossi.

Ello, porque sumado a la incertidumbre con los procesos de permisos, el propulsor de un proyecto renovable -personal o empresarial- tardará mucho más tiempo en recuperar su inversión.

Según Rossi, mientras en Estados Unidos continentales, las empresas buscan tomar partida de los beneficios de la Ley para la Reducción de la Inflación federal, que incluye incentivos al sector, Puerto Rico queda descartado como lugar de negocios por su costo energético.

Asimismo, sostuvo Agrait, Puerto Rico ha recibido una plétora de fondos de reconstrucción, pero no hay una cabeza a cargo que asegure que los fondos que llegan a través del Departamento de la Vivienda federal o la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), por ejemplo, se utilicen de manera coordinada, en pro del desarrollo socioeconómico, incluyendo en ese ejercicio, el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

A preguntas de Negocios en torno a cómo impulsar que el sector privado y no gubernamental se organicen para exigir contrapesos a los efectos del PDA-AEE, Verónica Santiago, gerente de Desarrollo en el ICSE, indicó que Puerto Rico ha recorrido un largo trecho desde que el ICSE cobró vida hace unos 9 años.

Al principio, cuando se impulsó la reestructuración de la AEE en el 2014, el ICSE estuvo solo en tales batallas, así como en los procesos decisionales del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Pero en esta ocasión, según Santiago, la jueza Swain recibió la oposición clara de sobre 5,000 personas y de 15 organizaciones empresariales, en buena parte, por los esfuerzos de la organización.

Ese poder de convocatoria, aseguraron los integrantes del ICSE, se ejercerá de nuevo sea en Boston, en la discusión pública -en y fuera del NEPR- para procurar que la energía no sea un escollo al progreso, pero tampoco un lujo en Puerto Rico.