La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reclamó al gobierno que, en o antes del próximo martes, 7 de mayo, presente legislación para revertir el estatuto que extendió, por al menos siete años, la estructura de compensación del programa de medición neta, que aplica a los clientes de la red eléctrica que exportan el exceso de energía que producen mediante sistemas de generación propios.

En una carta al gobernador Pedro Pierluisi, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el líder de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, la JSF exigió, además, que el proyecto para “derogar o enmendar” la Ley 10-2024 se convierta en ley “no más tarde del 30 de junio”, cuando culmina la última sesión ordinaria del cuatrienio.

“Si el gobernador y la Legislatura no derogan o enmiendan la Ley 10, la Junta de Supervisión, que se reserva todos sus derechos, tomará las acciones que considere necesarias, incluyendo litigar, para lograr la anulación de la Ley 10″, puntualizó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la carta con fecha del 2 de mayo.

“Se recibió la carta de la Junta sobre la Ley 10-2024, por lo que el equipo de Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) estará evaluándola y luego podrá determinar cualquier paso a seguir”, indicó este sábado –por escrito– la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró.

El presidente cameral se reservó su postura y se limitó a decir que mañana, lunes, divulgará mediante una carta lo que hará ante el pedido de la JSF.

“Ya tengo una comunicación redactada. Me comprometo a mañana ,lunes, enviar copia”, dijo. “No voy a hacer expresiones hoy. Prefiero que vean la carta”, agregó en respuesta a El Nuevo Día.

En tanto, en declaraciones escritas enviadas a este medio, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expuso que ”el gobierno propone que los ciudadanos busquen alternativas para ahorrar energía. La política pública es que se promueva la energía renovable. Pero para que logremos esa meta, se tiene que incentivar y motivar a los ciudadanos para a la misma vez ahorrar en su factura de energía. Entonces, cuando las personas empiezan a convencerse y hacen las inversiones, no podemos cambiar las reglas de juego y quitarle el incentivo porque estaríamos siendo contradictorios y no vamos a logras las metas establecidas”.

El estatuto cuestionado por la JSF enmendó la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019), que originalmente concedía al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) hasta este año para completar un estudio que recomendara potenciales ajustes a las tarifas de medición neta. Mediante la ley –que se aprobó unánimemente en ambos cuerpos–, se prohibió que el NEPR realizara el estudio antes de 2030 y se ordenó que cualquier cambio en la tarifa entrara en vigor, al menos, un año después.

Bajo la tarifa existente, los clientes de medición neta son compensados por la energía que exportan al mismo precio que por la energía que consumen, un esquema que, según la JSF, puede sobrecargar a los consumidores sin acceso a sistemas de generación propios. Según la Ley 114-2007, los llamados prosumidores están cobijados por la tarifa por 20 años a partir del momento en que interconectan sus sistemas, por lo que los ajustes al programa tendrían aplicación prospectiva.

En entrevista con este periódico en abril, el presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, señaló que el estudio de medición neta comisionado a la firma Keylogic Systems debe estar listo para el 30 de junio, independientemente de las determinaciones de la JSF o la vigencia de la Ley 10.

“No entiendo que la Ley (10-2024) diga que nosotros no podemos hacer el estudio. Lo que pasa es que la finalidad del estudio es distinta. La finalidad del estudio en la ley original –que era al 2024– era para utilizarse con consecuencias. Quizás, ahora el estudio se utiliza para monitorear para que, eventualmente, en el 2030, tenga consecuencias. Las consecuencias pueden ser dejar el ‘net metering’ como está, aumentar la aportación que se les da a los consumidores o quitarles parte de la aportación que se le da a los consumidores nuevos”, expresó el funcionario entonces.

Avilés Deliz puntualizó que, si el NEPR determinara que es necesario reevaluar el programa de medición neta, habría un proceso de vistas públicas.

“Si queda para implementar en 2030, posiblemente lo utilicemos de un monitoreo de cómo se ha estado comportando el mercado para ver, en términos generales, qué impacto está teniendo y cómo se pueden controlar ciertas cosas en el camino”, dijo Avilés Deliz.

---

El periodista David Cordero colaboró con esta historia