Miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc) cuestionaron los señalamientos que han recibido de parte del liderato de la Asamblea Legislativa y recalcaron en la necesidad de que el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático sea avalado lo antes posible.

Carl Soderberg, uno de los cinco miembros permanentes del Ceacc, quiso aclarar el récord tras expresiones del presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien alegó -durante una sesión ordinaria- que el documento debió ser entregado “hace cuatro o cinco años” y que -ante tal retraso- no aceptaría “empujones, atropellos y presiones” para su evaluación y posible aprobación.

“Nos han dicho, entre comillas, hasta vagos y eso no es cierto”, subrayó el ecólogo.

Soderberg explicó que si bien la Ley 33, que busca frenar las consecuencias del cambio climático, se aprobó en 2019, no fue hasta 2021 que el Ceacc comenzó a elaborar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, ante la falta de presupuesto asignado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, agencia a la que está adscrita el grupo de trabajo.

Recordó, además, que inicialmente la asignación de fondos para la operación del organismo fue dispuesta en una partida de donativos legislativos, por lo que hubo que acudir a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que aprobara la reprogramación del dinero, lo que retrasó el proceso. El grupo de expertos no cobra por el trabajo ni se le paga dieta ni millaje.

“Hemos trabajado duro... esto es un documento robusto. No es, por ejemplo, un diagnóstico de nada más decir ‘estos son los efectos, esto es lo que viene y dejarlo ahí'. Eso es una parte, pero hubo un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los 13 temas que hay que cubrir y, después de eso, se desarrollaron los cursos de acción”, detalló Soderberg.

La nueva versión fue entregada a la Asamblea Legislativa el pasado 22 de abril e integró áreas de trabajo adicionales al primer borrador sometido en septiembre de 2023, como la pesca comercial y la acuicultura. En total, el plan enumera 156 cursos de acción y 808 estrategias que, una vez aprobados, tocaría al gobierno ejecutar. Asimismo, el documento identifica posibles fuentes de fondos.

Durante la sesión ordinaria del 29 de abril, Dalmau no solo cuestionó el alegado retraso en la entrega del documento, sino que además dejó en manos de la próxima Asamblea Legislativa, a ser elegida en las elecciones generales del 5 de noviembre, la aprobación del documento. Según su interpretación de la Ley 33 de 2019, los senadores y representantes tienen hasta el cierre de la próxima sesión ordinaria -es decir, junio de 2025- para validar el documento.

“Hay que ser respetuosos de las instituciones, incluyendo la Legislatura, y si la Legislatura entiende que necesita hasta el año 2025 para evaluar el documento y aprobarse, pues es una decisión de ellos. Nosotros, los del Comité, entendemos que el cambio climático ya llegó, nos está afectando y se está poniendo cada día más abrupto y, por lo tanto, quisiéramos que se aprobara lo más pronto posible”, señaló Soderberg.

Otro de los señalamientos que se han hecho en contra del borrador, en este caso en voz del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, es que el documento propondría una moratoria sobre la construcción en la zona costera, una disposición que ha sido rechazada por el pleno.

Maritza Barreto, quien también es parte del Ceacc, negó este señalamiento. “El plan no contiene un curso de acción sobre la moratoria de costas, lo que contiene son diversas estrategias alineadas a dónde se debe construir y donde no, asociado con lo que son áreas de riesgo y zonas expuestas”, puntualizó Barreto.

Tanto Soderberg como Barreto cuestionaron, además, que se pretenda calificar el documento como uno ambiental. Insistieron en que el plan contiene cursos de acción y estrategias dirigidas a proteger la vida, propiedad, los servicios críticos y los recursos naturales de las manifestaciones del cambio climático. “Parecería que se interpreta que es un plan ambiental de conservación y es mucho más”, expuso Barreto.

“Lo que quiero que suceda es que se evalúe, que se lea, que se estudie y que ellos mismos generen recomendaciones para mejorar más el documento y que, inclusive, si hay preguntas que se hagan y se contesten”, aseveró Barreto.

Para Rafael Méndez Tejeda, otro de los integrantes del Ceacc, las expresiones del liderato legislativo, al igual que las del gobernador Pedro Pierluisi, reflejan que no han leído el voluminoso documento en su totalidad. Al igual que sus compañeros, sostuvo que el escrito no dispone una moratoria de costas. “Yo creo que debieron leer el plan, analizarlo y ver lo que dice antes de criticar”, expresó.

Dijo que el esfuerzo pretende mitigar los problemas que hay en las costas, que se cuide la infraestructura crítica en esa zona y que en aquellos casos donde la reparación no es costo efectiva, se elimine. “Es dejar una costa saludable”, expuso, al sostener que no es un documento que pretenda detener el desarrollo del país, como también se ha querido hacer ver.

El gobernador ha mencionado que el documento debe procurar un “balance” entre la “conservación” y el “aprovechamiento” de los recursos naturales. “Yo no voy a poner en entredicho o no voy a afectar el progreso económico de nuestra gente”, advirtió el primer ejecutivo el pasado 22 de abril.

Méndez Tejeda insistió en que la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático -integrada por 22 legisladores- pudo haber comenzado a trabajar sobre el primer borrador del plan, el cual entregaron en septiembre de año pasado, y no esperar hasta esta nueva versión.