Vecinos de comunidades afectadas por la proliferación de alquileres a corto plazo ocuparon este lunes el ala norte del Capitolio, en protesta por un proyecto de ley que, según denunciaron, no atiende el impacto de este tipo de negocio en la salud, seguridad y el bienestar vecinal.

Portavoces de las organizaciones Somos Calle Loíza, La Goyco y la Junta Comunitaria de Río Piedras denunciaron, además, que no se les concedió espacio para participar de la vista pública que celebró este lunes la Comisión de Turismo del Senado, presidida por Ada García Montes, sobre el Proyecto de la Cámara 1557.

En la audiencia, sí intervinieron otras entidades, como Puerto Rico Hotel and Tourism Association, la Asociación de Titulares de Condominios, Hispanic Federation y Tomás Ramírez, propietario de una hospedería.

“Hay dos problemas fundamentales. Número uno, cómo se afecta la calidad de vida de las personas que vivimos cerca de los alquileres a corto plazo, y el otro es la crisis de vivienda. Son dos problemas distintos, pero vienen del mismo lugar”, expresó Mariana Reyes, directora del Taller Comunidad La Goyco, en Santurce.

Afirmó que, de 3,000 viviendas en la calle Loíza, 700 están dedicadas al alquiler a corto plazo. “¿Cuántas más podemos tener? De hecho, las cosas que estamos pidiendo son mucho más laxas de las que se han establecido en ciudades como Nueva York, donde se reguló de una manera bien rigurosa, y las cosas siguen”, agregó Reyes.

Jackie García, portavoz de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, dijo que un estudio realizado por el grupo reveló que la renta en la zona ha aumentado hasta en un 300%. Mencionó, a modo de ejemplo, que una vivienda de una sola habitación en Santa Rita está en cerca de $1,200 mensuales. “Nos están desplazando”, puntualizó.

Alertó que una de las poblaciones más afectadas por el alza desmedida en el costo de alquiler son los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. “Estas opciones a corto plazo tampoco son reales para estos estudiantes”, señaló.

La versión original del proyecto de ley consideraba los alquileres a corto plazo como una actividad comercial. No obstante, la Cámara de Representantes enmendó el lenguaje para que este tipo de transacción se considere un negocio solo para propósitos contributivos, enfocándose en el cobro del impuesto por habitación, mejor conocido como “room tax”.

Entre otras cosas, el proyecto crearía un registro obligatorio de los “short term rental” (STR) y daría garras a los municipios para definir dónde se podría y dónde no ubicar un alojamiento de este tipo.

Pese a que no hay datos oficiales sobre cuántos STR hay en la isla, Viva Puerto Rico, organización que agrupa a los dueños y operadores de estos alquileres en la isla, recientemente estimó que existen unos 25,000 alojamientos de esta naturaleza.

“Todo aquel que opta por el arrendamiento a corto plazo lo hace con el claro propósito de obtener ganancias. Honestamente, ¿puede usted, legislador, afirmar que una actividad empresarial o un negocio es una actividad residencial? No, no puede hacerlo”, afirmó Marimar Pérez Riera, presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios.

Pérez Riera sostuvo que, a raíz del auge de este tipo de alquiler, los residentes han tenido que limitar el uso de las áreas comunes e incurrir en gastos adicionales para el manejo de los desperdicios sólidos.

Kathy Gannett denunció que, en el barrio La Esperanza, en Vieques, donde reside, se han vendido más de 60 propiedades los pasados cinco años. “Es un cambio completo, es una comunidad arropada de inversionistas que están abriendo y corriendo sus alquileres a corto plazo. Es horrible. La vivienda asequible en Vieques no existe”, puntualizó.

Las rentas en la isla municipio, añadió, están sobre los $1,000 mensuales. Al igual que otros portavoces comunitarios, Gannett insistió en que tiene que haber algún tipo de control.

Raquel Díaz, además de ser portavoz de Somos Calle Loíza, reside en esta zona hace 45 años. Allí, vive con su hija de 17 años. Aledaña a su residencia, contó, hay una propiedad para alquiler a corto plazo. Más abajo, otras cinco estructuras están destinadas a la misma actividad.

“El dilema es cuando quieren generar tanto dinero sin ningún tipo de conciencia de tu comunidad”, afirmó Díaz, al cuestionar la falta de participación en la evaluación pública que realiza el Senado. “Lo que queremos es sumar a la solución”, sostuvo.

Entre las enmiendas que proponen las comunidades, está definir los alquileres a corto plazo como una actividad comercial, distinguir los diferentes tipos de anfitriones y su escala de operación, ampliar el rol y facultades de los municipios y los ciudadanos, y proteger el carácter residencial de los condominios sujetos al régimen de propiedad horizontal.

Recomiendan, además, elevar el impuesto de ocupación de manera que los recaudos adicionales sean utilizados para fiscalizar la operación de los alquileres a corto plazo y promover la vivienda asequible.

A favor de la medida, se expresaron Gretchen Tartak y Javier Hernández, propietarios de unidades de alquiler a corto plazo en Lajas y Arecibo, respectivamente. “No creo el cuento de que las casas de alquiler a corto plazo estén dañando las comunidades. Por el contrario, les dan vida, las revitalizan, les dan alegría y ayudan a que podamos llevarle el alimento y el sustento a nuestras familias”, expuso Hernández.

También avaló el proyecto, en un memorial, Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para el Caribe y Centroamérica. Argumentó que la medida “está estructurada de una manera innovadora que promueve el cumplimiento y la visibilidad”.

“Es un proyecto de consenso... que debe ser aprobado para que entren en vigor las reglas que ya propone para los alquileres a corto plazo y así se tenga esa importante visibilidad y formalización del sector”, afirmó el ejecutivo, al señalar que el 92% de los anfitriones en la isla son residentes locales y más del 50% declararon ser mujeres.