El juez Alfonso Martínez Piovanetti le ordenó este jueves a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, comparecer, so pena de desacato, ante las comisiones de Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico, del Senado, las cuales investigan la liberación del convicto Hermes Ávila Vázquez al amparo de la Ley 25 de 1992.

“El incumplimiento o desobediencia de la orden aquí dictada será atendida por este tribunal como un desacato civil”, advirtió el togado en su orden, emitida en respuesta a una petición presentada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, cobijado en el Código Político.

Tras conocer la determinación judicial, Escobar Pabón confirmó que comparecerá a la citación, pautada para mañana, viernes, a las 10:00 a.m., en el salón Luis Negrón López de la Cámara Alta. “Tal y como sostuve ayer (miércoles) en la tarde, luego de atender una vista en la Cámara de Representantes, estoy disponible para comparecer ante la Comisión de Salud Mental y Contra la Adicción, y de lo Jurídico del Senado”, indicó en expresiones escritas.

El juez Martínez Piovanetti también le ordenó a la secretaria “someter la información que le ha sido requerida por el Senado”, que incluye, según la petición de auxilio de Dalmau, copia certificada de los reglamentos, órdenes administrativas, cartas circulares o directrices emitidas por el DCR relacionadas con la Ley 25. También, le solicitó un organigrama de la agencia y un “narrativo” de las personas que han sido egresadas bajo el estatuto.

En el caso específico de Ávila Vázquez, el Senado requirió los criterios utilizados para otorgar el pase de libertad, cuáles fueron las evaluaciones físicas y mentales a las que se sometió al convicto y los nombres de los doctores que intervinieron en el caso, entre otros documentos.

A través de la Ley 25, se conceden permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o alguna enfermedad terminal. Ávila Vázquez, quien enfrenta cargos por el asesinato de Ivette Joan Meléndez, reportado el 22 de abril, en Manatí, logró su excarcelación tras fingir paraplejia.

La petición en auxilio del presidente del Senado surgió ayer, miércoles, luego que Escobar Pabón incumpliera con dos citaciones de este cuerpo legislativo, una para las 9:30 a.m. y otra para la 1:00 p.m. Esta segunda convocatoria se produjo luego que la secretaria no asistiera a la audiencia de la mañana debido “al corto tiempo de notificación”.

En la misiva enviada al Senado, la secretaria alegó, además, que no entregaría copia de los documentos solicitados por las comisiones legislativas que forman parte del sumario fiscal, ya que el Departamento de Justicia investiga las circunstancias que rodearon la liberación de Ávila Vázquez, concedida, en 2023, al amparo de la Ley 25.

En la orden –de cinco páginas–, el juez hace constar que, aunque el poder investigativo de la Asamblea Legislativa no es “absoluto”, sí es “sumamente amplio”. Dicha amplitud, agregó, responde al deber que la Legislatura tiene de fiscalizar al gobierno “para buscar cualquier defecto en los sistemas sociales, económicos y políticos imperantes, de manera que puedan remediarse mediante legislación o por su mera divulgación”.

El Artículo 34-A del Código Político dispone que, cuando un testigo citado no comparece a testificar o no produce los documentos requeridos en relación a cualquier asunto o investigación que esté pendiente ante la Asamblea Legislativa, los presidentes podrán recurrir al Tribunal de Primera Instancia “para requerir la asistencia y la declaración de testigos y la producción y entrega de documentos u objetos, solicitados”.

Dispone, además, que, si el testigo –en este caso, Escobar Pabón– “incumpliere la orden del tribunal dictada bajo apercibimiento de desacato civil, al celebrarse la vista de desacato, el testigo podrá levantar en ella todas las cuestiones constitucionales, legales y de hecho que estimare pertinentes”.

Previo a que se conociera la determinación de Martínez Piovanetti, Dalmau indicó que el incumplimiento de Escobar Pabón reflejaba “un poco de menosprecio a la capacidad y a la jurisdicción” del Senado para realizar investigaciones.

Dalmau no quiso pasar juicio sobre el desempeño de Escobar Pabón, pero indicó que, antes de la excarcelación de Ávila Vázquez, se habían señalado otras supuestas irregularidades, como el fallecimiento de la confinada Shannel Colón Ponce, el 2 de junio de 2022, cuya muerte fue catalogada por las autoridades como un suicidio. “Hay la preocupación con la alta cantidad de consumo de fentanilo en las cárceles y hay la preocupación de que no se están realizando las pruebas de dopaje”, mencionó.

La Resolución del Senado 933 le ordena a las comisiones legislativas del Senado investigar el manejo administrativo de las excarcelaciones de reos, al amparo de la Ley 25, y la cantidad de pases otorgados desde la vigencia del estatuto, así como el cumplimiento –por parte del panel médico– de las disposiciones dispuestas para conceder el beneficio.

El próximo martes, 14 de mayo, a la 1:00 p.m. Pabón Escobar tendrá que comparecer a un proceso de interpelación ante la Cámara de Representantes, organismo que también investiga el egreso de Vázquez Ávila.