A través de la Ley 25 de 1992, se conceden permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con sida o alguna enfermedad terminal
A través de la Ley 25 de 1992, se conceden permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con sida o alguna enfermedad terminal
Tras la liberación de Hermes Ávila Vázquez en medio de un proceso plagado de cuestionamientos por supuestos malos manejos, la Asamblea Legislativa tiene ante su consideración diversas medidas –recién radicadas– que trastocan, de una forma u otra, la Ley 25 de 1992, el estatuto bajo el cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) excarceló al convicto por asesinato.
Algunos de los proyectos –sometidos entre el 30 de abril y 7 de mayo– procuran establecer controles adicionales a los parámetros que rigen el proceso de liberación, mientras otros buscan imponer nuevos requisitos al peticionario una vez regresa a la libre comunidad, como sería, por ejemplo, la colocación de un grillete electrónico.
Asimismo, se han radicado dos resoluciones para investigar la excarcelación Ávila Vázquez, quien ahora enfrenta cargos por el asesinato de Ivette Joan Meléndez, reportado el 22 de abril, en Manatí.
A través de la Ley 25 de 1992 se conceden permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o alguna enfermedad terminal. Ávila Vázquez logró su excarcelación tras fingir paraplejia.
Pero, ¿cuáles son esas medidas y qué buscan? A continuación, un resumen:
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