Representantes de entidades expertas en políticas educativas y filantropía solicitaron este jueves paralizar el proceso de descentralización del Departamento de Educación (DE) y que se desista de establecer, en agosto, la primera agencia educativa local (LEA, en inglés), el paso inicial para crear la nueva estructura de gobernanza del sistema público de enseñanza.

Ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, exigieron, asimismo, la publicación de los criterios utilizados para constituir las LEA, en busca de salvaguardar que sean cónsonas con las realidades geográficas del país. Bajo las normativas del Departamento de Educación federal, una LEA es una estructura más cercana a la escuela –por ejemplo, los distritos escolares– con mayor autonomía para manejar asuntos administrativos y académicos.

“No entendemos la urgencia de querer establecer una estructura de gobernanza en la que su conceptualización ha limitado la participación de las personas más cercanas a nuestros estudiantes”, planteó Enrique R. Colón Bacó, consultor en política pública.

A las expresiones de Colón Bacó, se unieron Enery López Navarrete, curadora de Alianzas Educativas de la Liga de Ciudades de Puerto Rico; Janice Petrovich, consultora en filantropía y políticas educativas; y Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

El grupo, que presentó un memorial conjunto ante la comisión senatorial, formó parte de las mesas de trabajo convocadas para implantar el proyecto Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear) del DE. Dichas mesas se desintegraron, en medio de críticas por la supuesta falta de transparencia, la poca información compartida con las comunidades escolares y la interrogante sobre quién realmente toma las decisiones, según señalamientos que miembros del sector levantaron antes de retirarse.

“El único interés que nosotros teníamos era en mejorar la calidad de la educación pública y ver de qué manera podíamos aportar a la discusión que se estaba llevando a cabo, en un proceso que sí creemos, que es el de la descentralización”, manifestó Blondet sobre la experiencia de Espacios Abiertos en la discusión.

Como parte de las conclusiones presentadas al Senado, los deponentes también destacaron –para que el proceso cumpla con elementos esenciales– la necesidad de implantar un sistema de mérito siguiendo las mejores prácticas de recursos humanos y el desarrollo de una discusión amplia sobre cómo el DE debe distribuir su presupuesto.

Dijeron que Puerto Rico, según datos del gobierno federal, invirtió $7,127 por estudiante en 2021, una suma muy por debajo a la reportada en todas las jurisdicciones de Estados Unidos para el mismo período, cuando el promedio de gasto por alumno fue de $15,031.

Se expresaron preocupados, asimismo, por la partida que el DE dedica para “costos de instrucción”. Esta categoría captura los gastos de actividades asociadas a la interacción de maestros y estudiantes, incluyendo el salario de los educadores y la compra de materiales. En 2021, el DE destinó solo el 38.1% de sus gastos a esta partida.

“Para estar seguros que el proceso nuevo de distribuir el presupuesto no replica los errores y las ineficiencias del sistema actual, su desarrollo requiere amplia discusión y apertura a las experiencias de las comunidades escolares”, insistió Colón Bacó durante la audiencia pública, que estuvo dirigida por el senador Javier Aponte Dalmau, presidente de la Comisión. La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, también participó en la vista.

Otro asunto que los deponentes propusieron fue designar una comisión independiente integrada por expertos y representantes de comunidades locales, que retome y dirija un proceso de descentralización “verdaderamente participativo y transparente para asegurar la efectividad del mismo”. Actualmente, el trámite está estructurado desde el nivel central del DE.

“La participación ciudadana permite entender y, por ende, atender mejor, las necesidades de las poblaciones a servir. Además, promueve el empoderamiento de las comunidades escolares para demandar transparencia y provocar los cambios necesarios para mejorar el sistema”, señaló Colón Bacó.

A mediados de abril, el Senado aprobó una resolución concurrente en rechazo al Reglamento de las Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas, un documento que, según la Ley de Reforma Educativa (Ley 85 de 2018), tiene que ser validado por la Asamblea Legislativa con miras a fijar las responsabilidades que tendrán esas oficinas en la descentralización del DE.

“El proceso de descentralización se tiene que sacar del Departamento porque no funciona. No se puede descentralizar desde el centro”, puntualizó Petrovich.