Alcaldes del PNP y PPD se unirán contra la Junta

viernes, 12 de julio de 2019 - 0:00 AM
Por Gloria Ruiz Kuilan

Determinaron juntarse en una demanda para que se mantenga la ley que exime a municipios del pago al sistema de retiro

Tras asegurar que el fin es el mismo, los alcaldes federados y asociados determinaron ayer -por separado- unirse como parte interventora en la demanda que presentó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra la administración de Ricardo Rosselló Nevares en la que el ente fiscal pide que se declare nula la ley que libera a los municipios del pago de su aportación al sistema de retiro “PayGo” y a la reforma de salud.

Los 33 alcaldes federados pertenecientes al Partido Nuevo Progresista (PNP) tomaron la decisión “por unanimidad” luego de reunirse por poco más de hora y media y consultar el asunto con 14 de sus miembros.

Mientras que los 45 alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) cobijados bajo la Asociación de Alcaldes no solo intervendrán en el pleito, sino que también contrataron un abogado en Washington para “atender todos los asuntos de Puerto Rico en la capital federal”, sostuvo el presidente del organismo, el alcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román. No dio detalles del nombre del cabildero o el tipo de trabajo que se le encomendó para no revelar la estrategia.

Román adelantó que entre los abogados que tendrán a cargo la representación de los asociados en el Tribunal Federal está el licenciado Pedro Ortiz Álvarez.

Qué bueno que los federados han seguido la estrategia que estableció la Asociación desde un principio cuando nos reunimos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales”, dijo Román, quien señaló que no tienen problemas en que se unan los recursos legales de las dos organizaciones.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, también instó a la unidad a sus homólogos de la Asociación. Destacó que la Federación contrató los servicios del bufete Aldarondo & López Bras. “De lograr que prevalezca la Junta de Control Fiscal y que esta Ley (29) no sea validada, el efecto que tiene en los 78 municipios es que muchos van a tener que cerrar operaciones, indicó.

La Ley 29 exime a los municipios de la aportación a la tarjeta de salud y del pago del PayGo. El dinero de esos pagos sería redirigido al Fondo de Equiparación, que es un pote de dinero distribuido entre los municipios.