La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (OIG-DHS, en inglés) investiga al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico por posibles irregularidades en el manejo de fondos federales durante la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2022, cuando el organismo era presidido por el doctor Víctor Ramos.

La pesquisa, según el actual presidente del Colegio, Carlos Díaz, surge a raíz de una auditoría externa, que se realizó como parte de los requerimientos impuestos a las entidades que reciben fondos del gobierno federal para que puedan seguir accediendo a esos dineros.

“Las agencias federales que pudieran intervenir evaluaron los hallazgos y tomaron unas decisiones y, como resultado de esas decisiones, recibo una notificación de que nos están exigiendo unos documentos específicos y el Colegio le entregó la documentación”, señaló Díaz.

“Cumplimos desde la A hasta la Z, porque estoy aquí cooperando con todo. Quiero que la imagen del Colegio y de la gente que trabajó allí salga lo más limpia posible”, agregó.

Díaz no ofreció detalles de los documentos solicitados, por tratarse de un asunto bajo investigación, pero afirmó que fueron “bastantes”. También admitió que, al momento, no ha sido entrevistado en torno a la pesquisa y negó que haya habido un allanamiento a la sede del Colegio. “¿Qué van a hacer con estos documentos? No sé. ¿Si van a haber acusaciones o lo que sea? Eso no lo sabemos”, dijo.

Las supuestas irregularidades bajo lupa habrían ocurrido con fondos de la CARES Act otorgados al Colegio por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) durante la vacunación contra el COVID-19. Fuentes de El Nuevo Día indicaron que la pesquisa podría estar relacionada con “facturaciones”. En total, la institución recibió $4.3 millones.

A petición de este medio, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ni negó ni confirmó la existencia de una pesquisa relacionada con la CARES Act y el Colegio, pero enfatizó que el estatuto “definitivamente está dentro del ámbito” de la dependencia y que “es de conocimiento público que hemos llevado a cabo con éxito tales operaciones en el pasado”.

Confrontado con la información trascendida, Ramos se mostró tranquilo y disponible para cooperar con las autoridades investigativas.

“Estamos tranquilos y estamos disponibles para cualquier entrevista con las autoridades federales, estatales y administrativas, con quien entienda que se le tiene que aclarar algo. Nosotros tenemos claro que no se hizo nada malo. Tenemos la evidencia, así que realmente preocupados no estamos”, afirmó el expresidente.

Además, puso en duda las “intenciones” detrás de la auditoría y cuestionó por qué, como parte dicho proceso, no fueron entrevistados ni él ni ninguna de las personas que lideraron las iniciativas de vacunación que el Colegio activó durante la pandemia.

“Esto surge de una auditoría que hace el Colegio, de encargo, que mandó a hacer el actual presidente (Díaz), donde a quien único entrevistaron fueron a los que manejaron las vacunas. Ni a mí, ni a la directora del programa, ni a la directora de la clínica nos entrevistaron”, reclamó, en entrevista con El Nuevo Día.

Ramos reconoció que conocía de la auditoría, pero que no tenía certeza de una posible investigación por parte del gobierno federal. El martes, la Unidad Investigativa de TeleOnce informó sobre la pesquisa. “De la investigación, se decía que habían pedido las ‘subpoenas’, pero no me constaba porque no estoy en el Colegio. Estamos tranquilos y disponibles para contestar cualquier pregunta”, insistió.

En reacción al señalamiento de que la autoría fue por “encargo”, Díaz reafirmó que se trata de un requisito del gobierno federal, y sostuvo que es el auditor quien determina a quiénes entrevistar como parte de la pesquisa. “Yo no puedo intervenir en eso. Esas son prerrogativas de él (auditor), quien envía los resultados a un banco de agencias”, aclaró.

Díaz confirmó, no obstante, que al asumir la presidencia del Colegio, en 2022, canceló el contrato de vacunación, una determinación que –expuso– fue dirigida a salvaguardar las finanzas del organismo, que, entonces, defendía –sin éxito– la colegiación compulsoria.

Desde una actividad oficial en Vieques, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, comentó que, para 2021, las autoridades federales le solicitaron copia de todos los contratos que la agencia tenia con otras entidades, incluyendo el Colegio.

“A mí, no me han citado (como parte de la pesquisa en curso), pero sí nosotros, cuando yo llegué (al cargo en 2021), una de las cosas que hicimos fue buscar todos los contratos que heredé y sí puedo decir que se me requirieron contratos del Departamento de Salud por parte del gobierno federal”, manifestó a preguntas de este medio.

Mellado, quien estaba con el gobernador Pedro Pierluisi inspeccionando la construcción del hospital de Vieques, indicó que el Colegio tuvo contratos con Salud para pruebas de COVID-19, telemedicina y vacunación. No precisó la cuantía de dichos contratos.

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Gloria Ruiz Kuilan y Alex Figueroa Cancel colaboraron en esta historia.