El juez Gustavo Gelpí nombra a nuevo monitor interino de la Policía

miércoles, 15 de mayo de 2019 - 5:39 PM
Por Alex Figueroa Cancel

John Romero trabajó para Arnaldo Claudio, quien renunció el martes al puesto

El juez Gustavo Gelpí designó esta tarde como monitor interino de la Policía a John Romero, un exempleado de Arnaldo Claudio, quien ayer cesó sus funciones como monitor federal.

En la orden, Gelpí indicó que Romero laborará junto con Alan Youngs, Rafael Ruiz y Scott Cragg, quienes también formaron parte del equipo de Claudio.

El juez señaló que tanto Romero como Youngs, Ruiz y Cragg fueron contactados por las partes de la Reforma, el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal, y aceptaron continuar con las labores hasta que se nombre alguien en propiedad.

“El tribunal designa al señor Romero como Monitor en funciones… hasta que se ordene de otra forma por el tribunal”, indicó Gelpí.

Según el juez, la movida busca mantener el enfoque en la “tarea suprema de implementar el acuerdo de la Reforma Sostenible del Negociado de la Policía de Puerto Rico… que es de vital importancia para los residentes de Puerto Rico y para los oficiales”.

“La Oficina del Monitor del Tribunal, entonces, continuará operando y desempeñando sus funciones normales, como es requerido por el Acuerdo y las directrices del tribunal”, agregó.

De acuerdo con su biografía en la página del Tribunal Federal, Romero es un policía retirado con una carrera de casi 30 años en el Departamento de la Policía de Nueva York, donde llegó al rango de inspector adjunto.

Después de retirarse, fue nombrado jefe de la Policía de la ciudad de Lawrence en Massachusetts, donde sirvió por 15 años.

“A petición del tribunal, las partes (del pleito) contactaron a los expertos de materia aprobados por el tribunal como miembros del Equipo del Monitor y cada uno ha aceptado continuar desempeñando sus funciones normales bajo el Acuerdo y las órdenes del tribunal”, explicó Gelpí.

El juez destacó que sus “tareas inmediatas se enfocarán en completar la metodología del monitoreo que evaluará el cumplimiento del Estado Libre Asociado (ELA) con el acuerdo (de la Reforma), en una forma confiable, objetiva y completa”.

Asimismo, estableció que los designados tendrán que recibir y preservar toda la documentación que se haya producido hasta la fecha en la oficina del monitor.

Después de cuatro años como monitor federal de la Uniformada, Claudio cesó ayer las funciones de monitor federal de la Policía al denunciar “despilfarro” de dinero público en la Reforma de la Policía.

“Perdí toda la confianza en el proceso y exclusivamente en cómo se está utilizando el dinero del pueblo de Puerto Rico en esto (Reforma) y he decidido sencillamente desalojar a mi equipo y a mi persona de esto, para no tener nada que ver con unas posibles violaciones de ética en la mala utilización del dinero del pueblo”, manifestó Claudio en entrevista con El Nuevo Día.

Abundó que ya no tenía “confianza en el proceso, en cómo la corte lo lleva y en cómo el Departamento de Justicia ha sido alejado. Tengo que salvaguardar la ética y la moral en la que siempre he creído”.

“(La Reforma) es un proceso que se ha prostituido por el despilfarro de dinero que la corte ha permitido”, acotó Claudio, al cuestionar que el gobierno decidiera sustituir los abogados del Departamento de Justicia por la representación de “McConnell Valdés costando $3.7 millones”.

No precisó de dónde obtuvo la cifra. De acuerdo con el registro de la Oficina del Contralor, el contrato con el bufete, con vigencia del 28 de diciembre pasado al 30 de junio de este año, es por $560,000. El Departamento de Seguridad Pública (DSP) confirmó que salen de los $20 millones que se asignan anualmente a la Reforma. 

Además de los gastos, Claudio también planteó cuestionamientos éticos sobre la contratación del bufete, pero no entró en detalles.

Desde que el gobierno fue demandado por el gobierno federal en el 2012 hasta enero pasado, el gobierno de Puerto Rico había sido representado por abogados del Departamento de Justicia estatal.

Ayer, Justicia estatal indicó que la decisión de usar abogados externos fue del DSP. En cambio, el DSP señaló que fue Justicia estatal quien sugirió una dispensa para contratar una representación legal privada por el volumen de trabajo.