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Gran jurado acusa a un residente de Vega Alta por producción de pornografía infantil

Los cargos contra el hombre, quien ha fungido como pastor, alegan que la víctima es una menor de 13 años de edad

19 de abril de 2024 - 9:23 AM

El acusado fue arrestado este viernes, cuando comparecerá a una vista inicial en el Tribunal Federal en San Juan. (Alex Figueroa Cancel)

Un gran jurado federal en Puerto Rico acusó a un hombre con cargos criminales de producción de pornografía infantil, informó la Fiscalía federal.

En comunicado de prensa, identificó al acusado como Lionel Albino Galindo, de 52 años y residente de Vega Alta. Según consta en publicaciones de vídeos en plataformas digitales, el acusado ha fungido como pastor religioso.

Basado en documentos judiciales del caso, los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de 2024. Según el comunicado, los cargos alegan que el acusado transportó a una menor de edad para “incurrir en actividad sexual en varias ocasiones y producir representaciones visuales de esa conducta”.

“El acusado también recibió pornografía infantil de la menor de edad y envió material obsceno a la menor”, agregó.

El acusado, quien fue arrestado en la mañana de este viernes, compareció ante la magistrada federal Giselle López Soler, quien ordenó que se mantuviera bajo custodia preliminar hasta la vista de fianza y acusación, que fue pautada para el 24 de abril, a las 3:00 p.m.

Si es declarado culpable por los cargos de coerción, incitación y transporte de menores para participar en conductas sexuales ilícitas, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua.

Por los cargos de explotación sexual de niños, se expone a una pena obligatoria de prisión de 15 a 30 años; por posesión de pornografía infantil y transferencia de material obsceno a un menor se enfrenta a hasta 10 años; y por recepción de pornografía infantil se enfrenta a entre cinco y 20 años de prisión.

Todos los cargos implican un período de libertad supervisada de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.

El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Policía de Puerto Rico. El procesamiento está a cargo de la fiscal Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación de Menores e Inmigración.

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