Para el gobernador Pedro Pierluisi, la empresa LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución en la red eléctrica, no debe recibir un decreto de exención contributiva bajo el Código de Incentivos (Ley 60 de 2019), una petición que está actualmente bajo análisis del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Entiendo que LUMA ya tiene un trato contributivo preferencial bajo la Ley 29 de las Alianzas Público Privadas y no veo la necesidad de darle cualquier otro tipo de incentivo contributivo. Pienso que, con el trato que ya recibe, bajo la Ley 29, es suficiente”, sostuvo el primer ejecutivo durante un acto oficial en el que 100 miembros del Negociado de la Policía fueron ascendidos a distintos rangos.

LUMA Energy presentó una solicitud de decreto bajo el Código de Incentivos, que le proveería a la operadora una serie de exenciones contributivas que impactarían los recaudos de los municipios. La información fue confirmada el domingo por el secretario del DDEC, Manuel Cidre, quien, no obstante, advirtió que la petición no ha sido concedida.

Pierluisi enfatizó este lunes que la solicitud del consorcio “está en manos del secretario” del DDEC y dijo que no es un proceso en el que él tiene injerencia. “Estoy expresando mi sentir”, sostuvo el mandatario.

“Estos son asuntos operacionales. Obviamente, yo superviso todo el gobierno y establezco la política pública en términos generales, y estoy expresando mi sentir, alto y claro”, abundó Pierluisi.

Al amparo de las secciones 2071 y 2072 del Código de Incentivos se otorgan tasas preferenciales de 4% sobre los “ingresos de energía verde” y exenciones de 75% sobre la propiedad mueble e inmueble, 50% en los pagos de patentes municipales establecidas por ordenanzas y 75% por arbitrios de construcción.

Tras el pedido de LUMA Energy, el DDEC circuló a una treintena de municipios un borrador de decreto bajo el Código de Incentivos que, según el texto, proveería a la empresa beneficios contributivos bajo las disposiciones aplicables a negocios que se dedican “a la producción o venta de energía verde a escala comercial para consumo”. Según ese documento, el último día para que las partes con interés presentan cualquier objeción sería este martes, 30 de abril.

Mientras, en declaraciones escritas, LUMA Energy defendió su petición, al señalar que, como operador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), todas las obras de construcción que desarrollan “se realizan a nombre y para el beneficio” de la corporación pública y, por lo tanto, la privatizadora está sujeta a “todas las leyes relacionadas con los impuestos a la construcción que se aplicaban a la AEE” antes del acuerdo de Alianza Público Privada.

“Dado que LUMA actúa para y legalmente como la AEE, no debe haber diferencia en los impuestos de construcción que deben pagarse. La AEE no pagaba impuestos municipales de construcción ni impuestos de licencias municipales, y los municipios no pagan por la electricidad, hasta ciertos límites, esto no contemplaba que un operador privado administrara los activos de la AEE. El decreto fiscal, cuando se apruebe, corregirá parcialmente esta situación, lo que disminuirá los costos operativos”, indicó LUMA Energy en su comunicación.

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Leysa Caro González colaboró en esta historia.