La posibilidad que contratistas y subcontratistas que realizan trabajos para LUMA Energy reciban una exención de hasta 75% sobre cualquier impuesto o arbitrio municipal encendió las alarmas de alcaldes y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), cuyo director ejecutivo, Reinaldo Paniagua Látimer, alertó este sábado que se trataría de un beneficio que no existía para las empresas que anteriormente reclutaba la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“No me parecería a mí justo que, a contratistas privados, que vengan a hacer obra para LUMA, que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno de Puerto Rico ni con ningún municipio, se les deba conceder una exención. Si tú le exiges a un colmadito, farmacia o ‘beauty parlor’ (salón de belleza) que tienen que radicar planillas (sobre bienes) muebles, no hay razón para que a un contratista privado (se le exima)”, afirmó Paniagua Látimer.

En pasadas semanas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha circulado a decenas de municipios un borrador de decreto bajo el Código de Incentivos (Ley 60-2019) que, según el texto, proveería a LUMA una serie de beneficios contributivos bajo las disposiciones aplicables a negocios que se dedican “a la producción o venta de energía verde a escala comercial para consumo”.

Los beneficios que se enumeran en las secciones 2071 y 2072 del Código de Incentivos incluyen una tasa preferencial de 4% sobre los “ingresos de energía verde” y exenciones de 75% sobre la propiedad mueble e inmueble, 50% en los pagos de patentes municipales establecidas por ordenanzas y 75% por arbitrios de construcción.

Aunque los últimos tres renglones contienen exoneraciones que supondrían un impacto fiscal sobre los ayuntamientos, Paniagua Látimer señaló que es la exención a los arbitrios de construcción que, de ordinario, deben aportar los contratistas y subcontratistas, el beneficio con el potencial de hacer mella sobre las finanzas municipales, toda vez que la AEE ya gozaba de exenciones por medio de la llamada contribución en lugar de impuestos (CELI). Mediante el CELI, los municipios están exentos del pago por consumo eléctrico a cambio de exoneraciones al pago de arbitrios de construcción, patentes e impuestos sobre la propiedad.

Al momento de publicación, LUMA no había respondido a una solicitud de reacción de El Nuevo Día.

“Ahora que hay bonanza de fondos federales para la reconstrucción de todo el sistema eléctrico de Puerto Rico, sería una barbaridad que se traigan compañías privadas –algunas locales y otras no– con una exención de 75%. Aquí, la economía que se genera por estos fondos federales tiene que ayudar en todo el sentido, ese dinero tiene que ir a la calle y a las arcas municipales porque aquí, una y otra vez, a base de decretos (…) se traen incentivos a Puerto Rico sin darle concurso a los gobiernos municipales”, señaló Paniagua Látimer.

A pesar de que el borrador del decreto indica que sería circulado para comentarios a 32 municipios y el CRIM, Paniagua Látimer aseguró que, hasta ser consultado por este diario, no había tenido acceso al documento. El borrador al que tuvo acceso El Nuevo Día detalla que el plazo para que las partes interesadas presenten objeción vence el 30 de abril.

“Puedo inferir, por lo que estoy leyendo, que se concederá tiempo adicional porque, entre otras cosas, nosotros estamos entrando en la cancha hoy, día 27, y ya hay municipios que se expresaron en contra. Presumo que se va a escuchar a los alcaldes en lo que opinan”, comentó el director del CRIM.

En un memorando a los alcaldes novoprogresistas con fecha del 22 de abril, el director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, Axel “Chino” Roque Gracia, alertó que, de materializarse el decreto, incidiría sobre unos $604 millones que suponen el “volumen mínimo anual combinado de negocio” de LUMA, acorde a su contrato de operación y mantenimiento. La comunicación, asimismo, recomendó a los ejecutivos municipales presentar una objeción ante el DDEC.

Una oficial de prensa del DDEC indicó a este medio que, “por disposición de la Ley 60, no podemos entrar en detalles de las solicitudes de decretos de peticionarios”, aunque confirmó que, al día de hoy, LUMA no cuenta con un decreto aprobado.

Para el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, el decreto solicitado cuenta con “vicios de ilegalidad” debido a que las asignaciones federales para proyectos de reconstrucción –que, en el caso de la red eléctrica, superan los $10,000 millones– toman en cuenta el costo de los arbitrios municipales.

“Vemos un lenguaje distinto, un doble discurso del gobierno que, por un lado, dice que los municipios somos la entidad más importante, pero, a la misma vez, siguen queriendo intentar quitar recursos”, afirmó el alcalde de Villalba, quien coincidió con el cálculo de $604 millones que realizó la Federación de Alcaldes.

El 24 de abril, Hernández cursó una carta al presidente de LUMA, Juan Saca, en la que expresó que “eximir a LUMA de todo pago con fondos de reconstrucción sería un golpe económico a los municipios”.

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, afirmó, por escrito, que el contrato de LUMA no alude a la posible “aplicabilidad de la Ley 60″. “Al día de hoy, LUMA no ha realizado una consulta a la AAPP sobre este particular”.