El gobernador Pedro Pierluisi dio un espaldarazo este jueves a los alcaldes, al instarlos a acudir ante los tribunales y demandar a contratistas y subcontratistas de LUMA Energy que no paguen patentes y arbitrios tras realizar trabajos en la red eléctrica.

“Contratistas y subcontratistas que están haciendo trabajos en la red tienen que pagar arbitrios y patentes, así que los municipios, no me sorprendería que, si no acaban de pagar, los van a demandar. Y los tribunales, entonces, van a resolver, y yo esperaría que resuelvan a favor de los municipios porque ahí no hay exención alguna que aplique”, advirtió el gobernador en conferencia de prensa.

“Si está pasando (el impago de arbitrios y patentes), eso es cuestión de que los municipios tomen cartas en el asunto. Si tienen que recurrir a los tribunales porque los contratistas o subcontratistas le están haciendo caso omiso a las cartas de cobro, que procedan a recurrir a los tribunales porque yo entiendo que no hay exención alguna para ese tipo de obra”, insistió.

La exhortación del gobernador surge luego que el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Jesús Colón Berlingeri, reveló a este medio que LUMA ni sus contratistas, supuestamente, han cumplido con los impuestos municipales desde que el consorcio entró en funciones en 2021.

Colón Berlingeri hizo sus expresiones en momentos en que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) evalúa la posibilidad de conceder un decreto contributivo a LUMA Energy a petición de la empresa.

Preguntado sobre ese tema, el también alcalde de Orocovis dijo que era “complicado” establecer un cálculo preciso de los ingresos que dejarían de recibir los municipios, en caso de materializarse la exención, porque LUMA no paga arbitrios y patentes a los ayuntamientos desde 2021, cuando comenzó su alianza público privada con el gobierno de Puerto Rico.

Sin embargo, este jueves, en declaraciones escritas a El Nuevo Día, LUMA Energy aseguró que “requiere” a las empresas que recluta que “paguen los impuestos correspondientes”, y que el decreto contributivo solicitado “no modificaría las obligaciones fiscales de los municipios para los contratistas”.