El proceso de revocación del pase extendido bajo la Ley 25 al convicto Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, imputado de perpetrar el noveno feminicidio del año, comenzó oficialmente este jueves con la celebración de una vista inicial en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, confirmó el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, detalló, en declaraciones escritas, las acciones y medidas cautelares tomadas por la agencia al inicio de la investigación y ante las interrogantes que rodean el pase otorgado a Ávila Vázquez quien, presuntamente, asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega el 21 de abril.

Escobar Pabón explicó que la audiencia se celebró ante un oficial examinador de la División Legal de la Oficina de Disciplina de Confinados y ante un técnico sociopenal del Programa de Desvío. La funcionaria fijó un término de 30 días para que se complete la investigación interna sobre la expedición del pase a Ávila Vázquez.

“Hemos conformado un equipo de trabajo con la Oficina de Investigación del Sistema Correccional (OISC) para que, en un término de 30 días, presente los hallazgos de esta y poder referirlos al Departamento de Justicia, tomar medidas correctivas y fijar responsabilidades, entre otras acciones”, sostuvo en el escrito.

Según la funcionaria, la agencia comenzó la investigación administrativa y se instruyó a asignar a los agentes investigadores de mayor experiencia.

Justicia, por su parte, confirmó que llevará a cabo una investigación para determinar si se configuró algún delito en la ejecución del proceso que dio paso a la excarcelación del convicto en abril de 2023.

“Una vez concluya la investigación, estaremos en la posición de aplicar sanciones disciplinarias contra cualquier funcionario público o contratista a quien se le impute negligencia en el cumplimiento de su deber, o (que) haya incumplido con las regulaciones para atender este privilegio”, precisó.

Las acciones ordenadas por Escobar Pabón surgieron tras revelarse que Ávila Vázquez fue excarcelado al aprobarse una solicitud al amparo de la Ley 25-1992, conocida como la “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que Están Confinados”. A Ávila Vázquez se le concedió el pase porque supuestamente sufría de varias condiciones de salud que no le permitían “desplazarse” ni “hacer unas funciones fisiológicas que cualquier persona, sin sus condiciones, podía hacer de forma normal”.

La excarcelación se produjo en abril de 2023, pese a que Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años en prisión por el asesinato de la terapista Celia López García, de 28 años y madre de dos niños, en hechos ocurridos en Caguas.

Desde la década de 1990 hasta el 2005, Ávila Vázquez fue procesado por múltiples cargos, incluyendo asesinato en primer grado, agresión agravada, portación y uso de arma blanca y posesión ilegal de armas. El hombre fue enjuiciado exitosamente en todos los casos.

Escobar Pabón añadió que se le solicitó a Physician Correctional, la empresa subcontratada para brindar servicios de salud en las prisiones de Puerto Rico, copia fiel y exacta del expediente médico de Ávila Vázquez para llevar a cabo una auditoría. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) también recibirá copia del expediente, pues también brindó servicios a Ávila Vázquez.

De igual manera, la funcionaria informó que la compañía UTICorp ya comenzó a auditar el expediente médico completo del confinado, lo que incluye aspectos de salud física, dental o mental, así como, laboratorios, pruebas psicológicas, estudios especializados, tratamientos y cualquier otro documento médico pertinente a la Ley 25.

Esta compañía, explicó Escobar Pabón, tiene un contrato para auditar expedientes médicos y servicios de salud prestados a la población correccional.

“Se impartió instrucción a la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios a conformar (un) comité evaluador de reglamentos y normativas vigentes sobre este privilegio, a los efectos de actualizar los mismos y que contengan regulaciones rigurosas para el proceso de concesión”, agregó.

Asimismo, adelantó que se le solicitará al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, que, como ente regulador de la salud pública, realice un análisis y emita recomendaciones en aspectos a ser revisados y actualizados en la aplicación de la Ley 25.

Escobar Pabón dijo que se solicitó y se recibió copia del expediente social de supervisión en comunidad de Ávila Vázquez, así como los expedientes sociales y criminal procedentes de la institución correccional de donde Ávila Vázquez fue excarcelado.

Igualmente, Escobar Pabón ordenó la instalación de brazaletes electrónicos a todos los participantes del Programa de Pase Extendido por Condición de Salud, y suspendió la concesión del privilegio hasta el 8 de mayo de 2024. La funcionaria añadió que se reserva el derecho de extender dicha suspensión, de ser necesario.

Precisó, además, que se elevó a la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios la delegación de autoridad y que la enfermera señalada con vínculos no profesionales con Ávila Vázquez fue emplazada en la tarde del 24 de abril y asignada a trabajar en otra facilidad de manera que no pueda tener contacto con el imputado.