La jueza Geysa Villarrubia Rivera, del Tribunal de Mayagüez, encontró este miércoles causa para juicio contra seis manifestantes acusados por diversos delitos que, presuntamente, cometieron el 9 de julio de 2023 durante una manifestación frente a la residencia de los suegros de la comisionada residente Jenniffer González Colón, informó el Departamento de Justicia.

Villarubia Rivera anunció su determinación tras un proceso de vista preliminar que se extendió por 13 días. La Fiscalía de Mayagüez formuló cargos contra Iona Fournier Gómez, Imalay Arroyo Surita, Pedro Amengual Gutiérrez, Juan Rodríguez González, Sheila Mejía Luciano y Francheska Vélez Ramírez, quienes, presuntamente, participaron de una manifestación en la zona de La Parguera, en Lajas, el día de los hechos.

El juicio contra los seis acusados comenzará el 3 de julio, indicó Justicia en declaraciones escritas.

Durante la vista de Regla 6 celebrada el el 21 de julio del año pasado, y en la cual la jueza María del Pilar Vázquez Muñiz encontró causa para arresto, el Ministerio Público formuló un total de 19 cargos contra los ahora acusados.

Fournier Gómez enfrenta denuncias de daño agravado (Artículo 199), empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (Artículo 245), hacer justicia por sí mismo (Artículo 274) y por conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares (Artículo 284), todos delitos contenidos en el Código Penal.

Mientras, Arroyo Surita y Amengual Gutiérrez enfrentan cargos por los Artículos 245, 274 y 284 del Código Penal, al igual que una denuncia de portación y uso de un arma blanca (Artículo 6.06 de la Ley de Armas).

Contra Vélez Ramírez pesan denuncias por los Artículos 245, 274 y 284 del Código Penal, mientras que Rodríguez González enfrenta presuntas violaciones a los artículos 199 y 274. Por último, contra Mejía Luciano pesan cargos por los artículos 246 (resistencia u obstrucción a la autoridad pública) y el 274.

De acuerdo con la investigación del Negociado de la Policía, los acusados, supuestamente, acudieron a una protesta que, según la Uniformada, fue liderada por el excandidato independiente a la gobernación y ambientalista Eliezer Molina Pérez.

Una vez allí, los acusados presuntamente destruyeron una ventana, los tubos de acueducto y el contador de energía eléctrica de la residencia de Irma Mercedes Llavona, la suegra de la comisionada residente en Washington.

De igual forma, los acusados, supuestamente, desmantelaron una verja y un muelle de madera. Posteriormente, agentes de la Policía llegaron al lugar e intervinieron con los manifestantes.

La Uniformada indicó, el día del incidente, que un agente recibió heridas en la cabeza tras ser golpeado con un objeto contundente lanzado intencionalmente.

Un informe técnico del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) señaló que la construcción de la estructura aledaña a la propiedad, que supone “un tablado y terraza”, era ilegal y que dañó la flora de la reserva natural.

Sin embargo, la defensa argumentó en ese momento que en la localidad no se llevó a cabo ninguna construcción y la casa fue comprada con esas estructuras, las cuales son de más de 30 años de antiguedad.

Tras el fallo de causa para juicio, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, expresó satisfacción con la determinación.

“El Departamento de Justicia respeta y defiende los derechos civiles de todos los ciudadanos, sin distinción de persona. Destruir la propiedad pública y privada y agredir a los agentes de la Policía no es libertad de expresión, es delito”, sostuvo en declaraciones escritas.

“Puerto Rico es un lugar de ley y orden. Existen entidades y procedimientos para canalizar efectivamente los reclamos de los ciudadanos de forma legal”, agregó.